El encausado autorizó la colocación de tres cajeros automáticos por los que llegó a cobrar 3.000 euros mensuales y hoy se enfrenta a una investigación por estafa, administración desleal y falsedad documentalEn la urbanización Pueblo Marinero, junto al Puerto Deportivo de Benalmádena (Málaga), a principios de 2019 aparecieron -de un día para otro- dos cajeros automáticos en zonas comunes, pero los vecinos no sabían quién los había puesto allí o con qué autorización. En 2022, se instaló un tercer cajero y, de nuevo, nadie sabía nada. Durante una junta de propietarios celebrada en abril de 2023, algunos vecinos preguntaron por ellos al presidente de la comunidad, pero solo recibieron evasivas así que, al final, acudieron a la justicia.
La firma que revisa las cuentas de la sociedad de vivienda se lava las manos en su informe, dudando de la fidelidad del balance tras no haber recibido la información precisa solicitada al Gobierno
El ICAC impuso una multa de 55.190 euros por incumplir una norma a la hora de valorar una incorrección material en las cuentas de la filial de BrasilEl caso Dia sigue coleando en la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado la sanción de 55.190 euros que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) impuso en mayo de 2022 contra la firma de servicios profesionales KPMG por la comisión de una infracción grave en el informe de auditoría de las cuentas del Grupo Dia en 2017, que fueron objeto de una investigación penal por presunta falsedad y que finalmente fue archivada. Los magistrados dan la razón al organismo supervisor de auditorías de cuentas en relación a que la big four i...
La mercantil incurrió en una infracción del artículo 5.1 f) del Reglamento General de Protección de DatosLa Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha condenado a una funeraria a pagar 120.000 euros por vulnerar el derecho al anonimato de varios empleados que figuraban como denunciantes en un caso de acoso laboral. Según el organismo regulador, la empresa incurrió en una infracción del artículo 5.1 f) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), al no garantizar adecuadamente «la confidencialidad de los datos de carácter personal».Según consta en la sentencia (cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar resolución’), el caso en cuestión se originó a raíz de una denuncia presentada por cinco trabajadores de la mercantil contra otros diez empleados, a los que acusaban de haber incurrido en un delito de acoso laboral.Pero lo que podría haberse quedado entre las cuatro paredes del Comité de Empresa terminó en manos de todo el personal. El motivo: la funeraria, tras abrir un protocolo de acoso, envió un correo electrónico masivo informando de que daba por finalizada la instrucción, adjuntando en el mismo la resolución en la cual constaba la identidad de cada uno de los denunciantes y de los denunciantes, así como sus puestos de trabajo.Como consecuencia de esta remisión, todo el centro supo del trasfondo del procedimiento, llegando a promover que uno de los denunciados, en el marco de una conversación por WhatsApp, se mofara de una de las denunciantes ‘agradeciéndole’ la denuncia. Comportamiento que provocó que la receptora de tal mensaje sufriera un ataque de ansiedad, deviniendo en baja médica.
Advirtió contra la línea que luego ha seguido la defensa para exculpar a los Martínez de Irujo. El Gobierno central confía en que “la ley actuará con todo su peso, independientemente de quién sea propietario”Los propietarios de una finca no son ajenos a lo que ocurre en ella, aunque no estén en el día a día de su gestión. Así que en el caso de los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en su hacienda Aljóbar, a tiro de piedra de Doñana, los Martínez de Irujo tampoco pueden argumentar este desconocimiento con la excusa de que no gestionaban personalmente las tierras. Así lo sostiene la Fiscalía, que ha pedido la imputación de tres miembros más de esta familia en el caso que investiga un juez por un presunto delito contra el medio ambiente por el daño provocado con estas extracciones sin permiso.
El escándalo contable sigue persiguiendo al FC Barcelona, con el club pendiente de las cautelares que le concedió el Consejo Superior de Deportes para inscribir a Dani Olmo
LaLiga ha anunciado hoy en un comunicado que denunciará ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el organismo regulador de
La compañía del Estado crece en beneficios y mantiene una relación polémica con las empresas privadasJessica, la amiga del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, trabajó dos años en la empresa pública Ineco y seis meses en la también pública Tragsatec, la división de ingeniería del grupo Tragsa. El delegado del sindicato CSIF en Tragsatec, Joaquín González, entiende que los informes del cliente para el que trabajó como administrativa enviada por Tragsatec serían buenos.En ese sentido, González no ve nada raro el modo en el que se contrató a Jessica. Había realizado supuestamente el mismo trabajo en Ineco durante dos años. Pero a la vista de la polémica que se ha generado posteriormente por sus relaciones personales, escuecen aún más algunas cuestiones que se viven en el interior de la empresa.
Los gobiernos del PP, en solitario o apoyados por Vox y Ciudadanos, pagaron por esos conceptos y por ayudas, convenios publicitarios y propaganda más de 286 millones de euros en los últimos seis años.El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha incrementado un 140% el gasto anual de la Junta de Andalucía en publicidad institucional y en ayudas y convenios en materia de actividad promocional desde que el PP accedió al poder en 2019. Así se desprende de las resoluciones de los últimos diez años de las consejerías y agencias de la Administración autonómica a través de las que se tramitan esos pagos, y a las que ha tenido acceso Público. El gasto es seguramente superior, ya que la Junta no facilita algunas de las cantidades que invierte en publicidad institucional y ayudas a los medios de comunicación, ni la relativa a los contratos menores que por los mismos conceptos se adjudican a dedo cuando se trata de cantidades inferiores a los 30.000 euros. De hecho, el último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía reprocha al Gobierno andaluz su falta de transparencia en este asunto. Desde que Moreno Bonilla accedió a la presidencia de Andalucía con los votos de Ciudadanos y de Vox tras las autonómicas de diciembre de 2018, y hasta la actualidad, sus gobiernos han gastado al menos 286,4 millones de euros en publicidad institucional y patrocinios. Es decir una media de 46,2 millones al año durante los seis años y tres meses transcurridos desde entonces.
El ministro defiende el liderazgo digital de España y señala que el 30% de los fondos europeos se dedican a transformación digitalEl ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este viernes el liderazgo digital de España. “Europa es muy consciente de que tiene que reforzar toda su autonomía estratégica y eso es lo que estamos haciendo con las inversiones”, ha señalado López durante su intervención en las jornadas sobre los fondos europeos organizadas por elDiario.es, en las que ha destacado que el 30% de los fondos europeos van destinados a la transformación digital. “Decenas de miles de millones de euros de inversión pública que están impulsando la inversión privada”, ha celebrado.
Insta al Gobierno de Díaz Ayuso a que cumpla con la regulación y constate que las ayudas las financia el Estado. En caso contrario, “daría lugar el reintegro parcial de las ayudas que pudieran corresponder”El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha enviado una carta a la Comunidad de Madrid donde le recuerda que aún no ha solicitado los fondos para financiar los descuentos a los usuarios, después de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ampliase la gratuidad de los abonos a los menores de 14 años. Un anuncio, por parte del Ejecutivo madrileño, donde no explica que los descuentos se financian con fondos estatales.
