La amarga entrada en vigor de la Ley Europea de IA: un reglamento "complejo" que divide a la UE y con las primeras multas donde las empresas no lo esperan
Alemania pide suavizar el reglamento que ha entrado en vigor sin que la mayoría de países hayan aprobado autoridades competentes para vigilar su cumplimiento
La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial el pasado 2 de agosto pasó sin pena ni gloria entre las grandes capitales europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en plena negociación para culminar el tratado arancelario con Estados Unidos ni hizo mención en sus redes al proyecto de ley más emblemático del final de su primera legislatura dirigiendo los designios comunitarios.
Sobre el efecto de este tratado en la innovación y si Europa está quedando atrás en la IA han corrido ríos de tinta y, pese a la existencia de empresas críticas con el texto, por ejemplo Freepik, probablemente el mayor caso de éxito español con la IA, la Comisión consiguió sacar adelante la aplicación de la legislación con el apoyo de casi todas las grandes tecnológicas estadounidenses. Solo Meta y parcialmente xAI, la empresa de Elon Musk, no firmaron los llamados códigos de prácticas. Un pacto voluntario en el que compañías como OpenAI, Microsoft y Google se comprometieron a que sus próximos modelos disponibles en Europa se lanzarán teniendo en cuenta que tienen que cumplir para 2027 la regulación de la IA y los compromisos sobre seguridad y transparencia en el uso de datos que corresponde.
La paradoja es que mientras que Bruselas ha logrado cerrar estos acuerdos a tiempo para cumplir con el plazo del 2 de agosto, la mayoría de capitales comunitarias no han conseguido aprobar la creación de las autoridades que supervisarán que se cumpla el reglamento y ayudarán a las empresas a implementarlo. Un rol que en España ocupará la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), pero también la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en un reparto de funciones que clarificará en una ley no aprobada aún. Esto no impide que la AEPD haya emitido una nota recordando que ya tiene funciones para multar el uso de sistemas de IA prohibidos, especialmente los relacionados con uso de biometría en espacios públicos.
La situación ha provocado que de facto haya decenas de autoridades europeas con una u otra competencia para aplicar la Ley de IA, un laberinto legislativo que algunos países quieren frenar retrasando la aplicación de la ley y suavizándola en un frente que lidera Alemania, el país de la propia Von der Leyen que fue quien impulsó la aprobación del texto antes de finalizar su mandato.
