Competencia avala la reforma que aligera las obligaciones contables de las pymes | Economía nacional e internacional | Cinco Días

16 de enero de 2026

La CNMC no detecta riesgos en la propuesta, pero sugiere justificar mejor los umbrales elegidos por el Ministerio de Economía

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Economía para modificar los límites que obligan a que una empresa tenga que ser auditada obligatoriamente. El organismo dirigido por Cani Fernández ha declarado este martes que no existen riesgos para la competencia en el contenido del anteproyecto, aunque ha propuesto justificar mejor los umbrales elegidos por el departamento que encabeza Carlos Cuerpo. La reforma, que transpone normativa europea, permitirá que un mayor número de compañías —alrededor de 4.000 firmas, según estimaciones del Gobierno— queden exentas del examen a sus cuentas anuales. Entre otros efectos, la CNMC apunta que más entidades podrán optar por la modalidad abreviada al formular balances y estados de cambios en el patrimonio neto, o ser consideradas pymes a efectos de la Ley de Auditoría de Cuentas.


El texto de Economía introduce como principal novedad que las pautas que toman como referencia el valor de los activos y de la facturación de las empresas se incrementen un 25%. La CNMC valora positivamente la introducción de medidas de modulación “para que operadores de diferente tamaño puedan competir en el mercado, como es el caso de las pymes”. Y pese a que no aprecia restricciones a la competencia “que resulten innecesarias o desproporcionadas”, sí sugiere algunas modificaciones.



El supervisor plantea la utilización de un instrumento de actualización automática de los umbrales al cumplirse ciertas circunstancias —por ejemplo, de inflación elevada— en el conjunto de la Unión Europea. En este sentido, recomienda reforzar la justificación de los parámetros elegidos en España dentro del margen que permite la normativa comunitaria. Por lo que sugiere coordinar los nuevos límites con otros instrumentos europeos que también utilizan criterios de tamaño empresarial, como los relacionados con ayudas de Estado.